Aviso a los avalistas: avalistas consumidores (y 3)
Este
tercer artículo sobre los avalistas cierra el circulo sobre el
atropello que sufren miles de familias que avalaron (prestaron fianza) a
sus hijos cuando estos se decidieron a adquirir una vivienda. Cabría
preguntarse la razón porque una vivienda llegó a costar esas cifras tan
impresionantes hasta más que doblar el precio en muy pocos años.
¿Cuántos años de trabajo hacían falta para ser dueño de una propiedad
donde poder vivir? Los bancos al vender la hipoteca que
concedían al primero que pasaba por la calle y transmitir el riesgo de
impago al comprador del bono se cuidaron, a través de los
tasadores, a que el precio de la vivienda subiera hasta las nueves ya
que el negocio era todavía más redondo. El primero que pasaba por la
calle no era el cliente adecuado por la precariedad de su solvencia. Hoy
trabajaba y mañana quien lo sabe. La figura del avalista se hizo
imprescindible, en teoría la vivienda nunca iba a bajar de precio y todos tenían asumido que de no poder pagar la hipoteca todo lo que se perdía era el piso. Conocí, a más de una persona, que me dijo: “este mes es el último, llevo meses sin pagar la hipoteca; mañana voy al banco y le entrego las llaves”.
No es de extrañar que cuando se ha enterado de la película se ponga de
los nervios. El banco se lo ha montado de tal forma a su favor que como
siempre se ha pasado tres pueblos. En https://asociacionhipotecadosactivos.wordpress.com/2016/02/13/aviso-a-los-avalistas-servidumbre-y-avalistas-1/ se dejó constancia de cómo se las gastan los del sindicato del crimen al tomar al fiador como el tonto de la película. Los
derechos del fiador que la ley le otorga son arrebatados por los bancos
al introducir en la escritura de préstamo la forzada renuncia al “beneficio de excusión”
que consiste en que el acreedor sólo podrá exigir el pago al fiador una
vez que haya reclamado al deudor principal y ya no encuentre bienes que
poder embargarle. De ahí vienen estos males que el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) ha ido corrigiendo para adaptar la
legislatura española a la europea.
