De Ada Colau y Adrià Alemany.
El
libro que nos revela la gran estafa inmobiliaria española El derecho a
la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado: de difícil acceso, pese a
ser un derecho fundamental, ahora mismo tiene en jaque a centenares de
miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo. Escrito
por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas explica las
causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel
que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la
lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en
primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el
derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades
bancarias. Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones
sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro.
Vidas hipotecadas: El drama en cifras y la lucha de la PAH – Desde que
empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en
todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con
una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas,
vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor
de las pesadillas. Vidas hipotecadas, voces y testimonios que ponen
rostro a los números y estadísticas. – Instaladas en el dogma de que el
precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un
perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales
que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre
los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente
fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total. – A través de la
lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han
conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez
realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios.
Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio
continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se
ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para
realojar a las familias en viviendas públicas.
